Isaac Mauricio, director general de Asesoría Legal del municipio, informó que, por recomendación de la Unidad de Auditoría Interna, se inició procesos penales a la exalcaldesa Soledad Chapetón y otros exfuncionarios por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, y otros, por un proceso de contratación por excepción de 2015 para proveer un sistema de recaudo para el Wayna Bus, que se considera direccionada a favor de una empresa y que lo obtenido no cumplió las especificaciones técnicas, causando pérdida económica al municipio.
“Auditoría Interna nos recomienda el inicio de los procesos penales. Por estos productos, el municipio ha erogado 2.6 millones de bolivianos, ese es el daño económico que se está investigando. No solo está implicada la exalcaldesa, sino todo un equipo que le acompañaba”, aseguró.
Explicó que existe una resolución administrativa municipal firmada por Chapetón autorizando la contratación por excepción en favor de esa empresa, y una vez adjudicada los productos recibidos eran artesanales, los molinetes se trancaban, no operaban las computadoras e incluso según informes de los choferes, el cobro lo realizaban manualmente, el dinero lo manejando en bolsas.
“En un primer momento, el proceso de contratación por excepción, se ha direccionado en favor de una empresa con el argumento de que sería la indicada o idónea. Existen documentos que también estaba postulando la empresa que ha provisto de este mismo sistema de recaudo a la Mi Teleférico, pero no ha sido tomado en cuenta”, aseguró.
Mauricio explicó que son cuatro delitos que se estarían investigando, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, contra otros funcionarios, incluyendo la empresa, por incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado, aunque aclaró que éstos son una calificación provisional, y que en el curso de la investigación podría cambiar.
Dijo que esas fueron las razones que provocaron emitir los mandamientos de aprehensión, que la exautoridad estaría entorpeciendo los otros procesos, debido a que en su domicilio no ha podido ser encontrada, tampoco en su fuente laboral.
“Estos aspectos serán analizados por nuestro equipo jurídico, quienes en su oportunidad tendremos que presentar ante la autoridad jurisdiccional para pedir la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva”, sostuvo.
Añadió que existe otro proceso por la obtención de tarjetas, las que fueron elaborados de manera magnética y como son dos procesos de contratación diferentes, son dos procesos penales diferentes, por lo que están en análisis.
