PRENSA GAMEA / 07.09.2026
El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) formalizó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra la exalcaldesa Mónica Eva Copa Murga y otros siete exservidores públicos de la entidad edil. La medida fue interpuesta por la actual administración municipal tras detectar el presunto sobreprecio y desembolso irregular de más de Bs 2,1 millones a favor de la Empresa de Tratamiento de Residuos Bolivia (Trébol S.A.), encargada del servicio de aseo urbano y recojo de basura en la urbe alteña.
“Efectivamente, se ha admitido la denuncia en contra de la exalcaldesa Eva Copa, como también a los exfuncionarios que vendrían a ser Secretarios Municipales, Directores y abogados; en esta semana ya se están sacando las directrices de investigación para que vayan a declarar ante el Ministerio Público”, señaló, Ever Erwin Apaza Gonzales, Asesor del área penal, dependiente de la Unidad de Asuntos Jurisdiccionales de la Dirección General de Asuntos Legales (DGAL).
De acuerdo con la denuncia, los exfuncionarios aplicaron un aumento de tarifas retroactivo a un servicio ya concluido. La planilla de recojo de basura del mes de marzo de 2026 fue fijada originalmente en Bs 15,4 millones; sin embargo, tras firmar una modificación al contrato el 24 de abril, la exgestión reliquidó ese mismo mes a la empresa Trébol S.A. con el precio elevado, pagando Bs 17,5 millones y generando un daño directo de más de 2,1 millones de bolivianos al municipio.
Explicando la maniobra administrativa utilizada, Apaza detalló: “La figura es la siguiente: existen procedimientos administrativos para el pago. En este caso, la exalcaldesa, conjuntamente con estos exfuncionarios, realizaron un pago que ya no correspondía, para el cual presentaron un ‘amarre’ (conciliación o cuadre de cifras) estableciendo que sí se podía hacer pagos retroactivos. Es decir, elevaron la suma económica a Bs 2 millones, la cual no se reflejaba en el anterior presupuesto; es decir, que no existía presupuesto para cancelar dicho monto”.
La acción legal se fundamenta en la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal) y Conducta Antieconómica (Art. 224 del Código Penal), cometidos al forzar pagos sin la certificación de disponibilidad presupuestaria e ignorando los rechazos del Ministerio de Economía. “Son dos delitos; en razón de que se habría suscrito un contrato con Trébol, el cual generó al municipio un daño económico de 2 millones de bolivianos pagados sin seguir los plazos procedimentales que exige la norma”, enfatizó el jurista.
Finalmente, el proceso penal ha ingresado a sus etapas preliminares con la solicitud de asignación de un investigador al caso. Asimismo, la representación legal del GAMEA solicitó la emisión de requerimientos ante el SEGIP, SERECÍ, la Policía Boliviana y el REJAP para recabar los antecedentes de todos los involucrados y avanzar en el esclarecimiento definitivo del hecho.
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